Las jubiladas son el colectivo con mayor riesgo de precarización económica
Cerca de 300.000 ancianos catalanes, en su mayoría mujeres, cobran pensiones mínimas por debajo del listón de la pobreza
La pobreza tiene rostro de mujer. El 27,9% de las catalanas mayores de 65 años es pobre según el Instituto Nacional de Estadística. Los datos sobre distribución personal de la renta y riesgo de precarización también advierten que el 68,4% de barcelonesas lo serían si vivieran solas. Otros indicadores cuentan que el 15,8% de mujeres en edad de jubilación no tienen ingresos. Las cifras catalanas se enmarcan en unos índices de exclusión social por encima de la media de la Unión Europea y se explican en parte porque el porcentaje del PIB dedicado a la protección social es inferior al europeo (17,6% frente al 26,9%) y al español (21%).
Francesc Garsaball, presidente de la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de Cataluña, se pregunta “cómo es posible que con estas diferencias aún haya quien habla de recortes”, recordando las contínuas amenazas que planean sobre las pensiones en España. El sociólogo Albert Sales, asesor del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona, lamenta al respecto que “en los últimos tiempos, hablar de las pensiones es hablar de una carga para los presupuestos, de recortes, mientras lo que debería estar en la agenda es cómo este sistema no sirve para sacar a la gente de la precariedad”. Sirven como ejemplo los cerca de 300.000 jubilados catalanes, dos tercios de los cuales son mujeres, que cobran pensiones mínimas cuyo importe no supera el listón de la pobreza.
A raiz de la crisis, lo apunta Sales, han surgido nuevas tipologías de precarización económica y muchas de ellas afectan a los pensionistas, no porque sus ingresos hayan disminuído, sino porque su situación está vinculada a la familia. Sucede, por ejemplo, que hijos que se habían emancipado, y que hasta vivian en pareja y con hijos, no han podido pagar la vivienda y han vuelto a vivir con (y de) sus padres. O que, necesitando el anciano de cuidados externos, la familia no puede pagarlos y la salud y la calidad de vida del mayor se resienten. La ley de dependencia, que se previó para paliar estas situaciones, se ha desarrollado lentamente y ha quedado muy minimizada por la crisis, y las parroquias y servicios sociales hace meses que están colapsados, con lo que tampoco existen soluciones externas.
Como trasfondo de esta realidad está la sospecha, compartida por Sales, Garsaball y Vicenç Navarro, profesor de Políticas Públicas en la Universitat Pompeu Fabra, de que el discurso sobre la insostenibilidad de las pensiones es “interesado”. Según Garsaball, “el fondo de reserva de las pensiones tiene superávit” pero, como explica Sales, “los bancos quieren participar del pastel que suponen los ahorros de jubilación”. Entiende igualmente Sales que “cuando miramos a la gente mayor como una carga de tiempo y de dinero estamos distorsionando la realidad: la cantidad de horas de trabajo que dedican a las tareas familiares que no contabilizan en el PIB y que facilitan que los familiares puedan participar del mercado laboral es enorme”. Sin contar que tambien consumen y pagan impuestos. Pero de eso, de la diferencia entre coste y aporte de los jubilados a la economía, nadie tiene datos.
